El sistema de pagos monetarios regulares a las familias con hijos hasta la mayoría de edad (o hasta los 18-25 años) representa una de las medidas más directas y significativas de política familiar del Estado. En la literatura científica y la práctica política, tales pagos se clasifican con frecuencia como prestaciones infantiles universales (incondicionales) o categoriales, en contraste con las ayudas puntuales o la asistencia destinada exclusivamente a familias de bajos recursos. Su principal objetivo es compensar parte de los gastos directos de mantenimiento del niño y reducir el nivel de pobreza infantil, reconociendo la educación de los niños como una inversión en la reproducción social y el desarrollo económico futuro.
Suecia y Finlandia son ejemplos estándar. Aquí, la prestación por hijo (Barnbidrag en Suecia, Lapsilisä en Finlandia) se paga mensualmente a cada niño desde el nacimiento hasta los 17 años. Es universal y gravable, es decir, se paga a todas las familias independientemente de sus ingresos. En Suecia, su tamaño es de aproximadamente 1250 coronas suecas (aproximadamente €110) al mes. Sin embargo, la singularidad del modelo escandinavo radica en su flexibilidad: existen suplementos para familias con varios hijos (el pago aumenta para el tercer y siguientes hijos), para niños con discapacidad, y una prestación separada para los tutores. La filosofía se basa en que el Estado comparte la responsabilidad con los padres, considerando esto un derecho básico de la familia.
Noruega complementa esta modelo con un instrumento financiero interesante: la prestación para padres solteros (Særtillegg til enslig forsørger), que es significativamente mayor que la estándar y subraya el apoyo especial a esta categoría.
En Alemania, el sistema combina varios elementos. El elemento clave es el Kindergeld — los dineros infantiles, que se pagan mensualmente a cada niño hasta los 18 años. Si el niño continúa estudiando, las prestaciones se prorrogan hasta los 25 años. El tamaño de la prestación es progresivo: para el primer y segundo hijo — aproximadamente €250 por cada uno, para el tercero — €260, para el cuarto y siguientes — €300. Curiosamente, el Kindergeld a menudo actúa como alternativa a la deducción fiscal por hijo (Kinderfreibetrag): el Estado proporciona automáticamente a la familia la forma de apoyo que es más ventajosa financieramente.
Austria tiene un sistema similar con la prestación Familienbeihilfe, pagada hasta los 24 años bajo condición de estudio o hasta los 25 años para los que realizan el servicio alternativo.
El sistema francés se considera uno de los más generosos y complejos del mundo, reflejando una fuerte política pronatalista (orientada a aumentar la natalidad). La prestación básica (Allocations familiales) se paga a las familias con dos o más hijos hasta los 20 años (bajo ciertas condiciones). Su tamaño depende del ingreso familiar y del número de hijos, aumentando progresivamente. Por ejemplo, una familia con tres hijos recibe significativamente más que una familia con dos. Existen también suplementos para niños mayores de 11 y 16 años, prestaciones para el comienzo del año escolar (Allocation de rentrée scolaire) y muchas otras prestaciones especializadas. Este sistema está orientado no solo a apoyar los gastos actuales, sino también a estimular activamente el nacimiento de terceros y siguientes hijos.
Japón y Corea del Sur, enfrentados a un colapso catastrófico en la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, están activamente introduciendo y expandiendo sus sistemas de apoyo.
En Japón, la prestación por hijo (Jidō teate) se paga hasta el final de la escuela secundaria (aproximadamente hasta los 15 años), y en algunos municipios — incluso más. A partir de 2023, se produjo una significativa liberalización: la prestación ahora se paga también a niños de familias con ingresos altos, a los que anteriormente no se les correspondía, lo que simboliza el paso a un modelo más universal en respuesta al desafío demográfico.
Corea del Sur hace hincapié en las prestaciones únicas al nacer (hasta varios decenas de millones de wones dependiendo de la región) y las prestaciones mensuales, que ahora se pagan a cada niño hasta los 7 años, y desde hace poco se está discutiendo su extensión hasta los 18 años. Este es un ejemplo claro de una política rápidamente evolucionando en condiciones de crisis demográfica aguda.
Países postcomunistas: Combinación del legado soviético y nuevos enfoques
Polonia ha implementado desde 2016 el programa emblemático «Rodzina 500+», que prevé el pago de 500 zlotys (aproximadamente €110) mensualmente al segundo y a cada hijo posterior hasta los 18 años. El programa inicialmente no estaba sujeto a comprobación de necesidad y llevó a una reducción significativa de la pobreza infantil, convirtiéndose en políticamente muy popular.
En Rusia, el sistema es multifacético. Además de la prestación mensual para familias de bajos recursos (hasta los 16-18 años con posibilidad de prórroga), desde 2018 se han introducido las prestaciones mensuales del capital parental para el segundo hijo hasta los 3 años (dentro del umbral de pobreza infantil). También existen pagos regionales, a menudo prorrogando el apoyo hasta los 16-18 años. Después de 2022, el sistema se amplió con varias nuevas prestaciones al nacer del primer y siguientes hijos, parte de las cuales también tienen carácter prolongado.
El cambio hacia la universalidad: En muchos países (Canadá, varios regiones de Japón) se observa un cambio de la comprobación de necesidad a pagos más universales, lo que reduce la estigmatización y los costos burocráticos, y asegura el apoyo al clase media.
Prórroga de la edad: La edad clásica de 16-18 años se extiende cada vez más hasta los 23-25 años bajo condición de continuar estudiando, lo que refleja la prolongación del período de dependencia económica de la juventud.
La demografía como motor: En países con baja natalidad (Hungría, Polonia, Corea del Sur, Japón) el tamaño y la duración de las prestaciones crecen rápidamente, convirtiéndose en una herramienta clave de política demográfica.
Efectividad: Numerosos estudios, incluyendo los trabajos de la OCDE, muestran que las transferencias monetarias sostenidas y predecibles a las familias con hijos son uno de los instrumentos más efectivos en la lucha contra la pobreza infantil y la mejora de la salud, la nutrición y los resultados educativos de los niños.
Por lo tanto, las prestaciones a largo plazo para niños no son simplemente ayuda social, sino una inversión estratégica en capital humano y la sostenibilidad demográfica. Su difusión y diseño dependen directamente del contexto socioeconómico, los objetivos demográficos y los valores políticos del Estado en particular.
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