En el marco de disputas altamente conflictivas sobre la custodia y el régimen de visitas con el niño, a veces se utilizan estrategias poco éticas, pero formalmente dentro del marco legal, destinadas a minimizar o eliminar completamente el contacto del niño con el progenitor que vive por separado (generalmente el padre). Estas técnicas, aplicadas por el abogado que actúa en interés de la madre-clienta, apelan no a una evaluación objetiva del bienestar infantil, sino a formalismos legales, retrasos procesales y manipulación de estereotipos socioculturales. Su objetivo no es proteger al niño de una amenaza real, sino crear en el tribunal una imagen negativa persistente del padre, lo que conduce al alejamiento de facto y luego legal.
No se trata de una declaración aislada, sino de un aumento progresivo de acusaciones, a menudo desde lo abstracto hasta lo concreto.
Etapa 1 (Desacreditación de la persona): Se solicitan peritajes psicológicos y psiquiátricos del padre con formulaciones como «tendencia a la agresividad», «trastorno narcisista». El objetivo es sembrar dudas sobre su adecuación.
Etapa 2 (Acusaciones de violencia): Se presentan denuncias policiales por «violencia doméstica» pasada o «amenazas» actuales. Incluso si se rechaza la apertura de un proceso penal, el hecho mismo de la investigación se usa en el tribunal como argumento («está bajo investigación»).
Etapa 3 (Acusaciones de maltrato infantil): Se alega que tras las visitas con el padre el niño regresa «alterado», «llora», «tiene un moretón de origen desconocido». Se requiere un examen médico urgente y la restricción temporal del contacto. Es importante: las acusaciones se formulan intencionadamente de forma vaga para dificultar su verificación y fácil refutación, pero su peso emocional es grande.
Ejemplo de práctica judicial: El padre fue sometido tres veces en un año a peritajes psicológicos judiciales por solicitud del abogado de la madre, siendo cada vez declarado cuerdo y no peligroso. Sin embargo, en los documentos del caso quedaba un rastro de tres peritajes que creaban en el juez una impresión subconsciente de un «padre problemático».
El objetivo es hacer que el ejercicio de los derechos parentales por parte del padre sea lo más costoso, prolongado y psicológicamente insoportable posible.
Rechazos y aplazamientos sistemáticos: El abogado de la madre presenta numerosas solicitudes irrelevantes (para obtener documentos adicionales, para convocar testigos de otro país), exige aplazamientos de la audiencia con cualquier pretexto (enfermedad del niño, ausencia del testigo).
Abuso de apelaciones: Cualquier decisión intermedia, incluso si parcialmente satisface al padre, es impugnada, extendiendo el proceso durante años. Durante este tiempo, el niño consolida de facto un único estilo de vida —con la madre— que luego se usa como argumento a su favor («el niño está acostumbrado»).
Presión financiera: El padre se ve obligado a asumir gastos enormes en abogados, peritajes, costas judiciales, lo que puede llevarlo a la bancarrota y se usa como prueba de su «insolvencia financiera» como progenitor.
Uso de la noción de «violencia psicológica» en interpretación amplia: Cualquier acción del padre que cause incomodidad al niño (exigir hacer tareas, limitar el tiempo de juego) puede ser presentada como «presión psicológica» y «acoso». Esto es especialmente efectivo si se involucra a un psicólogo «de confianza» que emita un dictamen sobre la «influencia dañina» del padre en el estado emocional del niño.
Apelación al «apego» como monopolio de la madre: Basándose en la teoría del apego de J. Bowlby, el abogado puede argumentar que la separación de la madre (incluso durante el fin de semana) causará un daño irreparable al niño. Se ignora el hecho de que un apego saludable es una jerarquía de figuras, y el padre es una de las claves.
Creación de la imagen del «padre visitante»: Se defiende con todas las fuerzas un régimen de visitas «cada segundo domingo de 10 a 18 horas», que formalmente respeta los derechos del padre, pero en la práctica reduce su rol a un mero animador, excluyéndolo de la vida cotidiana del niño (ayuda con las tareas, visitas al médico, rituales diarios).
Control total de la correspondencia: El abogado insiste en que toda comunicación del padre con el niño (llamadas, mensajes) se realice solo a través de canales oficiales y registrados (aplicaciones especiales recomendadas por el tribunal o en presencia de la madre). Esto convierte la comunicación viva en un trámite formal.
Obstaculización del contacto con el entorno: Bajo el pretexto de «preservar la tranquilidad del niño» se limitan o prohíben los contactos con los abuelos paternos, destruyendo todo el sistema de apoyo de la familia paterna.
Uso del niño como fuente de información: El niño (especialmente el adolescente) puede ser preparado para informar a la madre (y a través de ella al abogado) detalles de la vida del padre, su situación financiera, relaciones personales, que luego pueden ser usados en el tribunal.
Muchas de las técnicas descritas no son formalmente ilegales. Sin embargo, cruzan la frontera ética de la actividad legal si su único objetivo no es proteger al cliente, sino dañar a la otra parte a través del niño. También contradicen el principio de prioridad del interés del niño, consagrado en el Código de Familia de la Federación Rusa y en convenciones internacionales.
Estrategias contrarias para enfrentar estas tácticas (para el padre y su abogado):
Documentación total: Mantener un registro de encuentros con el niño (fotos, videos de carácter neutral), conservar toda la correspondencia, grabar conversaciones (respetando la legislación sobre grabaciones). Cualquier obstáculo a la comunicación debe ser registrado.
Uso activo de la pericia psicopedagógica judicial (PPPJ): No esperar la iniciativa de la parte contraria, sino solicitar uno mismo una pericia integral que estudie: a) las relaciones padre-hijo con ambos progenitores; b) posible impacto del conflicto en el niño; c) adecuación de los horarios de visitas propuestos a la edad y necesidades del niño. El dictamen del PPPJ tiene gran peso en el tribunal.
Exigir un régimen de visitas específico y detallado: No «de común acuerdo con la madre», sino un calendario claro que incluya días laborables, festivos, vacaciones, y un sistema de información sobre la salud y logros del niño.
Presentar demanda para determinar la residencia del niño con el padre en casos de alejamiento extremo y abuso probado de los derechos maternos. Esto cambia toda la dinámica del proceso, pasando al padre de la defensa a la ofensiva.
Acudir a los servicios de tutela con una queja sobre la violación del derecho del niño a comunicarse con el padre y ser criado por la madre en un ambiente conflictivo. Esto crea un órgano de control adicional.
El uso de técnicas destinadas a promover el alejamiento parental es una forma extrema de reduccionismo legal, cuando los intereses del cliente adulto (la madre) se absolutizan y el interés superior —el bienestar del niño— se sacrifica. Estas tácticas explotan la lentitud y sobrecarga del sistema judicial, así como la vulnerabilidad emocional de las partes.
El reto para el tribunal y el sistema legal es aprender a distinguir entre preocupaciones justificadas y campañas estratégicas de difamación. La herramienta clave aquí no es el derecho, sino un enfoque interdisciplinario —involucrar psicólogos infantiles competentes y expertos que puedan «leer» tras los documentos procesales secos el estado real del niño y la naturaleza de las relaciones familiares. En última instancia, la lucha contra estas tácticas es la lucha para que el tribunal de familia siga siendo una herramienta para proteger los derechos del niño, y no un escenario para una guerra psicológica sin cuartel entre adultos.
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